Este 17 de junio de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez Bolívar Romo por otorgar beneficios penitenciarios como prelibertad y régimen semiabierto a 28 personas privadas de libertad, pese a tener condenas por delitos graves como asesinato, violación y narcotráfico. Según la Judicatura, Romo incurrió en una "infracción disciplinaria gravísima de error inexcusable", ya que autorizó beneficios sin que los reclusos cumplieran con los requisitos técnicos ni legales establecidos por la normativa vigente.

El juez Romo ya había sido cuestionado en mayo de 2022, cuando autorizó traslados de reos desde la cárcel de Turi a Santo Domingo, días antes de una masacre que dejó 44 muertos en la cárcel de Bellavista. La Judicatura considera esta destitución como un precedente importante para reforzar la integridad del sistema judicial, en medio de una grave crisis de seguridad y cuestionamientos por vínculos entre justicia y crimen organizado. La resolución del Consejo de la Judicatura se da en un contexto de creciente presión ciudadana y política por la crisis de seguridad que atraviesa el país, donde decisiones judiciales cuestionables han facilitado la liberación de peligrosos delincuentes.

La destitución del juez Romo es vista como un intento institucional por frenar la impunidad y restaurar la confianza en la justicia ecuatoriana. En su comunicado oficial, la Judicatura reiteró su compromiso de sancionar cualquier actuación judicial que ponga en riesgo la seguridad pública; asi mismo, destacó que continuará evaluando el comportamiento de jueces y funcionarios para evitar que decisiones arbitrarias perjudiquen el orden legal y la estabilidad penitenciaria. Varios juristas y organizaciones civiles han expresado su preocupación por la frecuencia con la que se conceden beneficios penitenciarios sin el cumplimiento de la normativa.

Según expertos, estas decisiones pueden estar motivadas por presiones externas, corrupción o falta de capacitación adecuada en los operadores de justicia; por su parte, familiares de víctimas de los delitos cometidos por los presos beneficiados exigieron justicia y reclamaron que el sistema no puede volver a fallarles: "¿Cómo puede un juez liberar a alguien condenado por violación sin ni siquiera cumplir los requisitos legales? Esto no es un error, es un abuso del poder judicial", declaró la vocera de un colectivo de víctimas.