La tarde del pasado martes, la Asamblea Nacional socializó el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia. La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue la encargada de presentar los ajustes al proyecto antes de la votación, el mismo que obtuvo 77, logrando su aprobación.

Los beneficios de esta ley, aunque polémica, permitirá gestionar y controlar de mejor manera la lucha contra el crimen organizado, como por ejemplo mapear y rastrear las acciones de los GDO. También establece límites claros, puesto que no obligará a los periodistas la revelación de sus fuentes y no se podrá usar la información privada o ilícita de abogados, médicos, etc., siendo así una herramienta de inteligencia que no podrá servir como prueba judicial o administrativa; pero las oficinas de inteligencia podrán requerir de las empresas de telecomunicaciones información de los ciudadanos mediante un procedimiento que debe ser detallado en el reglamento de la norma y bajo la legislación vigente.

Con el objetivo de modernizar e innovar el sistema, la Asamblea da paso al proyecto de Ley Orgánica de inteligencia, contando con mecanismos rigurosos para autorizaciones judiciales, supervisión parlamentaria y resguardo de derechos fundamentales.

Pese a la aprobación de la ley por parte del legislativo, el presidente Daniel Noboa tenía la respuesta final de promulgar, objetarla parcialmente o vetarla en su totalidad. Finalmente el mandatario no lo vetó y entró en vigor Ley de Inteligencia, un día después de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional.