El sector pesquero y atunero del país expresó su preocupación eL pasado martes, 3 de junio, tras el anuncio del Gobierno sobre la eliminación del subsidio al diésel para la flota atunera. Esta decisión se suma a otras medidas económicas como el cobro del valor real de la energía eléctrica a grandes empresas y la implementación de una tasa de fiscalización para proyectos mineros. La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) advirtieron que esta eliminación afectará los costos operativos, la competitividad internacional y la estabilidad de uno de los sectores más estratégicos del país.

Los atuneros enfatizaron que el combustible constituye entre el 30 % y 36 % del costo total de las faenas de pesca, por lo que un alza en este rubro impactará negativamente en la competitividad del Ecuador en mercados clave, como la Unión Europea, que recibe el 60 % de las exportaciones atuneras del país. Este destino exige normas de origen que solo se pueden cumplir con pesca nacional, la cual actualmente abastece más del 50 % de su demanda. La pérdida de competitividad, advierten, podría poner en riesgo esta ventaja estratégica.

Además, los gremios recalcaron que la oferta de atún de la flota nacional no puede ser sustituida por importaciones, ni en volumen ni en origen. Una reducción en el abastecimiento debido al incremento de costos comprometería el cumplimiento de requisitos internacionales y podría deteriorar el posicionamiento del país como uno de los mayores exportadores de atún del mundo. Esto, según la CNP y Atunec, tendría consecuencias directas en la imagen comercial de Ecuador y en su capacidad para mantener mercados de alto valor agregado.

En 2024, el sector pesquero generó 2.257 millones de dólares en exportaciones, de los cuales el 70 % provino de productos atuneros con valor agregado. Esta actividad no solo es clave para la generación de divisas y el sostenimiento de la dolarización, sino que también emplea a alrededor de 100 mil personas, entre empleos directos e indirectos. Por ello, los representantes del sector exhortan al Gobierno a reconsiderar la medida y buscar alternativas que permitan mantener la competitividad sin afectar a miles de familias vinculadas a la pesca.