La noche del sábado 4 de octubre, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en diez provincias del país, incluida Pichincha, tras la “radicalización” del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La medida, anunciada desde el Palacio de Carondelet, busca —según el Gobierno— restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana frente a los bloqueos y movilizaciones registrados en diversas regiones del territorio nacional.

Entre las provincias incluidas en el estado de excepción se encuentran Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Bolívar, Imbabura, Loja, Morona Santiago y Sucumbíos. En todas ellas se reportan cierres de carreteras, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como afectaciones a la libre movilidad y al suministro de productos básicos.

El Gobierno ha justificado la decisión señalando que las acciones de protesta han sobrepasado los límites del derecho a la resistencia, convirtiéndose en una amenaza a la estabilidad institucional y al normal desarrollo de las actividades económicas. Noboa enfatizó que “no permitirá que la violencia se imponga sobre el diálogo” y llamó a los dirigentes indígenas a retomar las mesas de negociación suspendidas a inicios de semana.

Por su parte, la Conaie ha rechazado el decreto presidencial, calificándolo de “represivo e inconstitucional”. Su presidente, Marlon Vargas, expresó que la organización no cederá ante las medidas de fuerza y que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno escuche las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Vargas señaló que el paro responde al cansancio acumulado frente al alto costo de la vida, la expansión de las actividades extractivas y la falta de políticas públicas para el agro y la economía comunitaria. Asimismo, insistió en que las acciones se mantendrán “de manera pacífica, organizada y en defensa de los derechos colectivos”.

Mientras tanto, diversos sectores sociales y políticos han expresado preocupación por la escalada de tensión. Organismos de derechos humanos han solicitado que se garantice el respeto a las libertades fundamentales y que las fuerzas del orden actúen bajo los principios de proporcionalidad y legalidad. El país enfrenta, una vez más, un momento crítico en su convivencia democrática, marcado por la pugna entre la protesta social y las medidas de control estatal.