Desde el amanecer deL pasado miércoles, la provincia de Imbabura sigue como epicentro del paro nacional convocado por la Conaie, con numerosas vías cerradas, tensión social y una llamada urgente al diálogo entre las autoridades y las comunidades indígenas.

En ciertos puntos, aunque el tránsito vehicular está impedido, los manifestantes permitieron el paso peatonal o en bicicleta y habilitaron “corredores humanitarios” para ambulancias o emergencias. El transporte urbano, las rutas intercantones y los servicios de movilidad dentro de los cantones se encuentran prácticamente paralizados. Por esta razón, varias personas que viven en Cotacachi decidieron trasladarse a Ibarra para acceder a servicios básicos, trabajo o abastecimiento.

En Otavalo y otras zonas, el comercio local prácticamente no opera por la imposibilidad de abastecimiento y por miedo a represalias. Ante la falta de clases presenciales, el Ministerio de Educación previó modalidad no presencial para escuelas y colegios en algunos cantones de Imbabura y zonas vecinas. Los bloqueos generaron desabastecimiento de combustibles, alimentos y productos básicos. En Ibarra algunas estaciones ya comenzaron a ofrecer gasolina extra y los tanqueros llegaron a las ciudades afectadas por los cierres de a poco.

Aunque Unorcac propició una entrada al diálogo, las condiciones del terreno siguen tensas. En días anteriores se registraron enfrentamientos en Otavalo, Peguche y San Pablo entre manifestantes y fuerzas del orden. El Gobierno denunció ataques a militares, mientras que las comunidades señalaron uso excesivo de fuerza por parte de agentes estatales.

Hasta la emisión del comunicado de la ONU, el Gobierno de Ecuador justificó la medida económica como necesaria y defendió el uso de la fuerza como respuesta ante alteraciones al orden público. Hace poco se liberaron 16 militares que estaban retenidos por manifestantes en distintas zonas del norte del país. En Imbabura, versiones locales mencionan que 4 de esos militares fueron entregados en Cotacachi tras agresiones, quemas de uniformes y hallazgo de armas, aunque el Gobierno sostiene que los otros aún permanecen sin explicación clara.