En su más reciente pronunciamiento, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur (ONU-DDHH) instó al Gobierno de Ecuador y a organizaciones sociales e indígenas a abrir de inmediato un diálogo “urgente”, que permita mitigar la escalada de violencia motivada por las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa.

También pide que el Gobierno actúe con respeto a los principios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Las protestas se enmarcan en el descontento social por la eliminación del subsidio al diésel, lo cual impacta especialmente a zonas rurales e indígenas donde los costos de transporte y producción se disparan.

Desde el movimiento indígena, sin embargo, dirigentes como los de la Ecuarunari rechazan las acusaciones de violencia y aseguran que se busca “deslegitimar la protesta”. Afirmaron que las movilizaciones responden a la crisis económica y a los impactos de la eliminación del subsidio, que ha encarecido los costos de transporte y los productos básicos. Las movilizaciones, convocadas por la CONAIE y otros sectores, han sido objeto de denuncias de uso excesivo de la fuerza, heridos, y ahora, de un muerto.

Hasta la emisión del comunicado de la ONU, el Gobierno de Ecuador ha justificado la medida económica como necesaria, y ha defendido el uso de la fuerza como respuesta ante alteraciones al orden público; sin embargo, la presión internacional incrementa la urgencia de que haya claridad sobre lo sucedido con Fuerez y transparencia en las actuaciones de seguridad (no se han reportado -hasta donde se sabe públicamente- detalles oficiales concluyentes sobre la investigación). El llamado de la ONU redefine el escenario político: si no se da una apertura real al diálogo, la crisis podría profundizarse, con más enfrentamientos, denuncias de violaciones de derechos humanos y el desgaste internacional del Gobierno.

Por otro lado, un diálogo efectivo podría ofrecer una salida negociada que atienda las demandas indígenas —entre ellas la compensación por la medida de subsidio— y restablezca algo de confianza en la institucionalidad. Mientras se decide o no la apertura de un diálogo, diversas carreteras de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, Cañar y otras, están cerradas, lo que afecta a la producción, comercio, turismo y otras actividades vitales para el desarrollo del país. En Imbabura, las protestas fueron particularmente violentas.