La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por la muerte de Efraín Fueres, comunero de 46 años de la comunidad Cuicocha, ocurrida durante las protestas en Cotacachi, provincia de Imbabura. El hecho se produjo en la madrugada del 28 de septiembre, en el ingreso a Cotacachi, en la vía Panamericana Norte E35, en el marco de las movilizaciones contra el incremento del precio del diésel. El caso ha generado indignación en la comunidad, que exige justicia y el esclarecimiento del uso progresivo de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares.

La Fiscalía informó a través de un comunicado que abrió la investigación para determinar responsabilidades penales y establecer si se respetaron los protocolos de actuación en el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, colectivos sociales y organismos de derechos humanos advierten que este no puede convertirse en un trámite dilatado, pues ya existen antecedentes en Ecuador de investigaciones que se estancan cuando las víctimas son civiles en contextos de protesta social.

El caso ocurre en medio de un paro nacional convocado por la CONAIE, que lleva más de una semana de movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Según reportes oficiales, hasta el domingo 28 de septiembre se registraban al menos cinco vías cerradas en distintas provincias del país, lo que refleja la tensión social creciente. En este escenario, la muerte de Fueres se convierte en un símbolo del costo humano de la represión y de la ausencia de un diálogo eficaz entre el Gobierno y los sectores movilizados.

Las organizaciones comunitarias de Cotacachi y la provincia de Imbabura exigen que la investigación sea transparente y cuente con veeduría internacional. Argumentan que la desproporción en la respuesta estatal a la protesta social vulnera derechos fundamentales y criminaliza a los manifestantes. Para ellas, lo ocurrido con Efraín no es un hecho aislado, sino parte de una política de represión que pone en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a la resistencia.

El desenlace de esta investigación marcará un precedente en la relación entre el Estado y la protesta social en Ecuador. Si la Fiscalía logra esclarecer con independencia y rigor los hechos, se podría abrir una ruta hacia la verdad y la justicia. Pero si, por el contrario, se impone la opacidad, la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo, dejando a comunidades como Cuicocha con la sensación de que, una vez más, la vida de sus miembros es sacrificada en nombre del orden público.