La ONU calificó como “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional tras la marcha del presidente Daniel Noboa el 12 de agosto, y llamó a garantizar la seguridad de jueces y la independencia judicial.

La declaración se produjo en medio de una marcha liderada por el presidente Daniel Noboa, quienes protestó públicamente contra la decisión de la Corte de suspender parcialmente artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad y Transparencia Pública. Durante la movilización, se exhibieron pancartas con los rostros y nombres de los nueve jueces del tribunal y frases como “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, lo que la Corte calificó como una forma de estigmatización que pone en riesgo su seguridad y representa una afrenta contra su independencia.

Además del pronunciamiento de la ONU, otras organizaciones nacionales e internacionales también expresaron su inquietud. La directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, sostuvo que los ataques a los jueces constitucionales atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho. En similar sentido, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió sobre la presión política hacia el poder judicial, reiterando la necesidad de proteger a los jueces de represalias.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, emitió un comunicado señalando su profunda preocupación por actos que afectan la institucionalidad y la división de poderes en Ecuador. Subrayó que el respeto al estado de derecho exige sumisión a la ley y protección de los derechos fundamentales, atributos clave que la independencia judicial garantiza.

La movilización del 12 de agosto y sus repercusiones marcan un punto crítico en la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. Mientras el Gobierno afirma que sus reformas buscan fortalecer la seguridad y combatir el crimen, organismos como la ONU insisten en que la legitimidad democrática se sostiene en el respeto mutuo entre poderes e instituciones. El desenlace de este episodio podría impactar decisivamente en el equilibrio institucional del país.