Lo que antes era parte de narcoseries hoy es la cruda realidad: la extorsión y el secuestro afectan a miles de ecuatorianos en provincias con alta presencia criminal.

En 2018, la Policía Nacional registró 1.129 denuncias de secuestro; para 2024, esta cifra ascendió a 3.566 casos, según la Dirección Nacional de Investigación. El crecimiento de las redes delictivas y la falta de respuesta estatal efectiva han convertido este fenómeno en una grave amenaza para la ciudadanía.

El caso de la extorsión es aún más alarmante: las denuncias pasaron de 1.570 en 2018 a 22.228 en 2024. Los delitos incluyen llamadas intimidantes, cobros ilegales por seguridad (vacunas), amenazas en redes sociales y presión económica sistemática sobre negocios y familias.

Las bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones lideran esta ola de violencia, con ingresos que van desde los USD 2.000 hasta 10.000 por víctima. Su poder radica en el control de zonas, la impunidad y el miedo que generan en comunidades enteras.

Ante esta realidad, los ciudadanos viven con temor. La respuesta estatal sigue siendo tardía, con poca inteligencia criminal, escasos equipos especializados y ausencia en territorios dominados por el crimen. La violencia, hoy, ya no es parte del guion: es la nueva normalidad de miles de ecuatorianos.