La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó oficialmente este 3 de agosto de 2025 la suspensión temporal de la verificación de infracciones de tránsito en sus plataformas digitales. La medida —que ha generado confusión entre conductores y gremios de transporte— fue formalizada mediante la Resolución Nro. ANT-ANT-2025-0192-R, firmada el 1 de agosto, aunque su aplicación rige desde el 30 de junio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hasta diciembre de 2024, Ecuador acumulaba más de 12 millones de infracciones de tránsito registradas a nivel nacional, según datos del Observatorio de la ANT. Solo en ese año, se emitieron 1,4 millones de multas, principalmente por exceso de velocidad, uso del celular al conducir y vehículos sin revisión técnica. La ANT ha venido enfrentando múltiples cuestionamientos por fallas en sus plataformas, especialmente durante los picos de matriculación y renovación de licencias. La actual suspensión busca evitar colapsos similares en el segundo semestre del año, cuando se intensifican los trámites vehiculares.

Aunque la resolución no afecta la validez legal de las multas, sí podría retrasar procesos judiciales, bloqueos por deudas, y otros trámites que requieren certificados actualizados del historial de infracciones. En sectores del transporte profesional, como taxis y buses intra e interprovinciales, la medida ha generado incertidumbre.

Muchos conductores dependen de la actualización constante de sus registros para acceder a procesos como la renovación de permisos, certificados de operación o traspasos vehiculares. Al no poder visualizar sus infracciones, existe el riesgo de que, al momento de reactivarse el sistema, se enfrenten a montos acumulados o nuevas restricciones sin previo aviso. Gremios como la Fedotaxi y la CNTC han solicitado que se habiliten mecanismos alternativos para consultar saldos y evitar perjuicios operativos.

Por otro lado, esta suspensión temporal también plantea interrogantes sobre la efectividad de la fiscalización vial. Si bien la ANT asegura que los registros continúan internamente, expertos en movilidad advierten que la ausencia de acceso público a la información puede generar una sensación de impunidad y un relajamiento en el cumplimiento de normas por parte de los conductores.