La discusión sobre permitir bases militares extranjeras en Ecuador volvió a encenderse tras la aprobación de una reforma constitucional que deberá someterse a consulta popular a finales de 2025.

El oficialismo, junto con partidos aliados, defendió la medida como una respuesta necesaria frente al crimen organizado y el narcotráfico. Según el Gobierno, durante la presencia de la base militar estadounidense en Manta (1999–2009), las incautaciones de cocaína se incrementaron en un 498%, evidenciando su impacto positivo en la seguridad.

Entre los temas más debatidos estuvieron la cooperación en inteligencia, el uso compartido de datos biométricos y la posibilidad de extraditar a delincuentes de alto perfil. El acuerdo también busca fortalecer los controles fronterizos y modernizar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales.

No obstante, sectores de oposición como la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista Ecuatoriano advirtieron que esta medida pone en riesgo la soberanía nacional. También señalaron que la presencia militar extranjera podría generar dependencia y tensiones en la política internacional de Ecuador.

El futuro de la reforma dependerá del referéndum que, de aprobarse en la Corte Constitucional, se celebrará a finales de 2025. El resultado definirá si el país vuelve a permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras tras más de 15 años de ausencia.