El lunes 28 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un cuarto proyecto de ley económica urgente, sumándose a tres iniciativas anteriores aprobadas o en trámite, para reforzar la modernización institucional y la transparencia estatal.

La nueva iniciativa, el cuarto proyecto de este tipo, ha sido anunciada oficialmente por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y busca regular el uso de fundaciones e instituciones jurídicas en operaciones financieras, como parte del paquete de reformas al sector público.

El objetivo declarado es establecer controles más rigurosos sobre estas entidades, prevenir su uso para lavado de activos o evasión fiscal, y fortalecer la transparencia y eficiencia en las políticas públicas que involucren figuras jurídicas privadas.

Todos estos "proyectos de ley económica urgente" deben ser tramitados por la Asamblea dentro de un plazo máximo de 30 días desde su calificación, según la Constitución; este cuarto proyecto seguirá ese mismo procedimiento acelerado.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha enviado tres proyectos urgentes: el primero para desarticular economías criminales en zonas de conflicto interno; el segundo para modernizar la contratación pública; el tercero para recuperar áreas protegidas y promover desarrollo local. Todos ellos aún pendientes de resolución legislativa.