En el marco de una estrategia para aliviar la sobrepoblación penitenciaria, Ecuador inició la deportación de alrededor de mil presos colombianos y anunció que les impedirá regresar al país durante los próximos 40 años.

La Cancillería de Colombia rechazó lo que calificó como un procedimiento unilateral y sin protocolos claros, presentando una protesta diplomática formal y anunciando posibles respuestas ante lo que consideraron una violación del derecho internacional.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano aseguró que notificó a Colombia desde el 8 de julio sobre los traslados, que cada caso fue evaluado judicialmente de forma individual y que se respetaron los derechos humanos durante todo el procedimiento.

Además del traslado, el ministro del Interior de Ecuador anunció que los deportados quedarán vetados del ingreso al país por 40 años; en caso de regresar, podrían ser considerados objetivos militares bajo la legislación vigente.

En el sistema penitenciario ecuatoriano hay más recluidos de los que caben: unas 35 000 personas en instalaciones diseñadas para 27 000. La expulsión de reclusos extranjeros, que suman cerca de 3 300, forma parte de políticas anteriores orientadas a aliviar ese hacinamiento y mitigar la violencia dentro de las cárceles.