En lo que va de 2025, más de 5.000 empleados del sector público han sido despedidos, en medio de un proceso de recorte impulsado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo y el IESS figuran entre las entidades con mayores desvinculaciones.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una de las entidades más afectadas, con 1.180 despidos registrados en lo que va del año. Le siguen instituciones como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que también han visto una reducción significativa de personal en distintas áreas, principalmente administrativas.

Desde el Ejecutivo se asegura que los despidos se realizaron bajo criterios técnicos, considerando necesidades institucionales y evaluaciones de desempeño. No obstante, organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) sostienen que la medida responde a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y alertan sobre la desprotección de miles de familias.

Varios trabajadores han denunciado públicamente que fueron notificados de sus despidos de forma repentina y sin un proceso claro de justificación. Las críticas también apuntan a la falta de alternativas laborales y a la fragilidad del sistema público, que ahora enfrenta la sobrecarga de tareas entre el personal que permanece en funciones.

Ante el creciente malestar, gremios de trabajadores anuncian movilizaciones y acciones legales para exigir la restitución de sus puestos o una indemnización justa. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que estas medidas son temporales y necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del país.