El 21 de julio, el asambleísta Santiago Díaz, electo por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), se entregó a la Fiscalía General del Estado luego de estar prófugo durante varios días. Sobre él pesaba una orden de detención por la presunta violación de una niña de 12 años, lo que derivó en una inmediata activación judicial. Las autoridades anunciaron que su situación legal será definida en las próximas horas.

La denuncia fue presentada el 8 de julio, y ese mismo día el movimiento RC anunció la expulsión inmediata del legislador. El expresidente Rafael Correa, líder de dicha organización, manifestó su rechazo: “Que se pudra en la cárcel si es culpable”, expresó en una entrevista, enviando también un mensaje de solidaridad a la víctima y su familia.

Uno de los aspectos más polémicos del caso fue que, días antes de que se hiciera pública la acusación, Díaz propuso en la Asamblea Nacional una reforma al artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. Esta iniciativa, en retrospectiva, ha generado una fuerte ola de sospecha e indignación pública.

Como parte de la investigación, el 9 de julio se realizaron allanamientos en Quito donde se incautaron documentos y dispositivos, entre ellos ocho teléfonos celulares. A pesar de haber publicado un comunicado en redes sociales proclamando su inocencia y alegando persecución política, el mensaje fue eliminado posteriormente. Sus declaraciones fueron ampliamente criticadas por intentar deslegitimar el proceso judicial.

Este caso ha reabierto el debate nacional sobre la ética en el ejercicio de la función pública y ha evidenciado la desconfianza ciudadana hacia sus representantes. Diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos exigen un proceso transparente y ejemplar, que proteja a la niñez y sancione con firmeza cualquier forma de violencia sexual, especialmente cuando involucra a figuras con poder político.